Santo Domingo.- En países como Chile, Colombia, España y Estados Unidos, los incrementos en los peajes suelen estar vinculados al mantenimiento, conservación y mejora de las infraestructuras viales. Estos modelos buscan fomentar el desarrollo económico y garantizar una movilidad eficiente, donde carreteras bien iluminadas, sin baches y con señalización adecuada, mejoran la experiencia del usuario, promueven la seguridad vial y reducen costos de transporte a largo plazo.

Sin embargo, en la República Dominicana, este esquema parece no estar funcionando de manera adecuada. Mientras los costos de los peajes aumentan, la calidad de las carreteras y los servicios viales sigue siendo deficiente. ¿Cómo se puede justificar un incremento cuando persisten problemas tan básicos como falta de iluminación, vías en mal estado y una carencia de mantenimiento constante?

Un peso que no se traduce en beneficios

El aumento en los peajes afecta directamente a los ciudadanos que dependen de estas vías para su día a día. Hasta hace poco, un conductor promedio gastaba unos 60 pesos diarios en peajes, lo que representaba 300 pesos semanales. Con el alza, esta cifra asciende a 100 pesos diarios o 500 pesos semanales, un incremento significativo en un contexto donde los salarios permanecen estancados y el costo de vida sigue en ascenso.

Esta situación golpea especialmente a la juventud dominicana, cuyo presupuesto se ve cada vez más reducido. Para muchos jóvenes, los ingresos apenas alcanzan para cubrir deudas, mientras los aumentos impuestos por el gobierno central agravan su situación económica. María Corporán, entrevistada para este reportaje, expresó su preocupación: “Con el mismo salario, tengo que enfrentar alzas constantes que hacen imposible equilibrar mis finanzas”. Corporán señala que, aunque mantiene el mismo empleo, cada vez siente que gana menos debido a los incrementos en peajes y otros servicios, sin que exista un reajuste salarial adecuado.

¿Por qué no adoptamos el modelo completo?

Si vamos a emular sistemas internacionales, como los de Chile o España, ¿por qué no incorporar también su compromiso con la mejora constante de la infraestructura vial? En Chile, por ejemplo, las autopistas están equipadas con sistemas de respuesta inmediata para emergencias, y su mantenimiento es constante. En España, los peajes forman parte de un plan integral que asegura vías de alta calidad, con estándares que priorizan la seguridad del usuario.

En República Dominicana, en cambio, el ciudadano siente que paga más, pero recibe menos. Las autoridades deben recordar que el propósito de un sistema de peajes no es solo recaudar fondos, sino también garantizar una experiencia vial segura, cómoda y eficiente para quienes utilizan las carreteras.

Compromisos insuficientes

A pesar de estas dificultades, las autoridades han tomado medidas puntuales para mitigar el impacto de los aumentos. Recientemente, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, logró acuerdos con los principales sindicatos de transporte para evitar un incremento en los pasajes, ofreciendo incentivos y beneficios a los transportistas. Sin embargo, estas acciones no abordan la raíz del problema: la necesidad de ajustar los salarios y mejorar las infraestructuras viales para que los ciudadanos puedan afrontar los incrementos de manera sostenible.

Transparencia y compromiso: las claves del cambio

El alza de los peajes podría justificarse si estuviera respaldado por un plan claro, transparente y ejecutable que resuelva los problemas existentes. Es necesario que el gobierno detalle cómo y dónde se utilizarán los fondos recaudados, estableciendo metas concretas y plazos realistas para mejorar la infraestructura vial.

Asimismo, es fundamental fortalecer la supervisión de estas iniciativas, asegurando que las mejoras prometidas realmente se materialicen. Sin este compromiso, el aumento en los peajes seguirá percibiéndose como un abuso hacia los ciudadanos, en lugar de una inversión en el desarrollo del país.

Hacia un modelo justo

No se trata de rechazar los incrementos de manera absoluta, sino de exigir un sistema que funcione para todos. Un modelo justo es aquel donde el usuario pueda ver el retorno de su inversión en forma de carreteras seguras, bien iluminadas y en óptimas condiciones. Solo entonces podremos hablar de un sistema de peajes que fomente el desarrollo económico y la movilidad eficiente que tanto necesitamos.

El desafío está en manos de las autoridades: demostrar que este alza no es solo una carga más para el bolsillo del dominicano, sino una apuesta real por un futuro mejor en nuestras vías

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